¿Cuánto cuesta abandonar a un niño en la calle?

A pesar de que la niñez en situación de calle en Chile es un fenómeno antiguo en la historiografía de la infancia pobre, actualmente los niños, niñas y adolescentes que viven en la calle suelen pasar inadvertidos entre nosotros. Su ocultamiento e invisibilidad, se explica entre otras razones, por la masividad con la que la niñez ha sido institucionalizada. Así pues, la internación y confinamiento forzoso en dispositivos estatales de “protección” ha devenido política pública. La institucionalización de la niñez vulnerable, huacha o expósita como estrategia de administración de la población es una prueba maciza de la eficacia del control estatal. En otras palabras, a diferencia de lo que se suele apreciar en países vecinos del continente, el ciudadano de a pie no logra observar con total lucidez la magnitud de la niñez errante. En Chile, la deambulación, desescolarización, disfunción parental y estigmatización de la infancia ha sido controlada en gran medida, por el Estado a través de diversos dispositivos de coerción jurídica y psicosocial.

He aquí, que el control de la vida infantil se ha expresado a nivel individual y en términos de población. No solo se ha construido ciencia social a partir de la infancia pobre, sino que más precisamente se ha fundado toda una historiografía del bajo pueblo. Sin embargo, no toda la niñez pobre ha sido sometida al control institucional o de las tecnologías de gobierno. En la medida que la institucionalización, nunca ha admitido la voz y participación protagónica del niño como sujeto de derechos, una gran cantidad de ellos ha escapado incesantemente de los centros de Mejor Niñez (ex SENAME) o de sus organismos colaboradores. En otra gran proporción de casos, el férreo control de los dispositivos “proteccionales” no ha alcanzado a inmiscuirse en la vida familiar de cientos de niños y niñas desprotegidos.

En función del preámbulo recién descrito, permítanme indicar aquí según los datos disponibles, que los niños, niñas y adolescentes en situación de calle frente a la pregunta: “¿Cuáles son los principales motivos por los que has pasado la noche o dormido en la calle?, el 53,2% manifestó que las razones obedecían a “problemas familiares”. Según diversos reportes de la Defensoría de la Niñez, en el año 2018 hubo 478 niños, niñas y adolescentes en la red de protección de derechos con causal de ingreso por situación de calle. Dos años después, solo entre julio y septiembre del año 2020, “295 niños, niñas y adolescentes que vivían en centros residenciales de la red Sename, presentó alguna orden de la búsqueda”. En efecto, hoy sabemos que un 41% de los adultos que están en situación de calle, admite haber iniciado su trayectoria vital en la calle antes de los 18 años de edad. No obstante, al desagregar este porcentaje según el Registro Social de Hogares 2020, advertimos que un 15% de los entrevistados inició su vida en la calle entre los 0 y los 10 años, mientras que un 25% de ellos comenzó a vivir en la calle entre los 11 y los 17 años de edad respectivamente.

Ahora bien, en las últimas dos décadas, diversas instituciones y organismos de la sociedad civil han intentado visibilizar esta problemática. En el caso específico de la población infantil, los antecedentes derivados del “Conteo Nacional y Caracterización de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle 2018”, visualizó un problema del cual diversos gobiernos no tenían evidencia. El conteo en tanto que estrategia gubernamental, reflejó entre múltiples antecedentes que la mayor preponderancia de NNASC (Niños, niñas y adolescentes en situación de calle) se localizaba en la Región Metropolitana con 142 casos, Los Lagos con 78 y Valparaíso con un total de 69 casos respectivamente. Tras la focalización de dicha prevalencia, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de su oficina nacional de calle, gestionó el diseño e implementación del “Proyecto Red Calle Niños”, un proyecto piloto orientado a la atención ambulatoria de adolescentes en situación de calle en las tres regiones aludidas. De manera tal, que desde el año 2020 se inició un tipo de intervención especializado caracterizado por un circuito integrado de servicios, en el que se dispuso de un equipo multidisciplinario de atención, un albergue de bajo umbral para la atención de 8 adolescentes, así como dos viviendas compartidas con capacidad de atención de 8 jóvenes respectivamente. Toda esta iniciativa gubernamental, tenía como propósito “disminuir la permanencia en calle de niños, niñas y adolescentes, y con ello interrumpir la exposición a los graves riesgos que amenazan y/o vulneran el ejercicio de sus derechos fundamentales, impactando en su desarrollo biopsicosocial”.

Desde sus inicios, el Proyecto Red Calle Niños mostró ventajas comparativas respecto de la oferta pública a nivel infanto-juvenil. Su principal virtud es que depende directamente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Al no depender burocráticamente del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, también conocido como “Mejor Niñez o Sename 2.0”, su quehacer no está instrumentalizado por la racionalidad técnica tutelar heredada del dispositivo anterior. Los adolescentes que adhieren al proyecto lo hacen por voluntad y no por órdenes judiciales. Luego de tres años de experiencia, y pese a las adversidades derivadas del trauma de vivir en la calle, los jóvenes han disminuido su consumo de drogas, han establecido vínculos significativos con la comunidad, han aumentado su actividad ocupacional y han disminuido su compromiso delictual. En efecto, la mayoría no está condenada en cárceles. Hasta la fecha, el programa ha exhibido la efectividad de funcionar como un antidestino en la vida de los jóvenes pobres que atiende. En suma, el proyecto se ha desplegado “en contra de la asignación de un futuro ya previsto”.

Ahora bien, desde el año 2022, la Defensoría de la Niñez ha intentado visibilizar la incertidumbre que existe con respecto al presupuesto financiero y la prospectiva del proyecto. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia no ha dado respuesta oficial a la interpelación del organismo defensor ni a las organizaciones de la sociedad civil. En efecto, una de las principales preocupaciones de las instituciones que trabajan con la niñez en situación de calle, es saber qué ocurrirá con todos los niños, niñas y adolescentes que actualmente están bajo atención en los albergues, viviendas compartidas y procesos terapéuticos en general.

Ante la ausencia de presupuesto gubernamental de políticas públicas para niños y niñas de la calle, en el contexto de una coalición de gobierno que prometió cuidar y fortalecer la salud mental de su niñez, habría que preguntarse a qué niños, niñas y adolescentes les habló el Gobierno de Chile. La decisión de la DIPRES del Gobierno de Chile, en el marco del Proyecto de Ley de Presupuesto 2024, no incluyó ni aprobó los recursos necesarios para atender a la niñez en situación de calle. He aquí, que la nomenclatura “situación de calle”, corre el riesgo de convertirse en una palabra carente de significado. Solo en la medida en que el término “situación”, designa el carácter circunstancial, -de algo o de alguien-, tiene sentido seguir empleando la palabra. Permítanme distinguir simplemente, entre estar circunstancialmente afectado a que vivir con la afectación, -en este caso-, de la vida en la calle. Tal como señala la RIDIAC (Red Internacional por la Defensa de la Infancia y Adolescencia en Situación de Calle), la situación de calle es una “relación dinámica compleja que involucra (el trabajo) “hogar-calle-refugio-calle-proyectos sociales/instituciones-calle-familia/comunidad-calle”, donde la calle, en diferentes grados, ocupa un lugar de referencia predominante y un papel central en sus vidas”. Tal como señala la RIDIAC, todo el complejo trabajo al que se hace alusión, se perderá en la vida de los jóvenes a los que se les sacó de la calle. Y si ello ocurre, me parece que parafraseando al célebre músico y poeta argentino Pedro Aznar, tendríamos que hablar más exactamente de “Los Chicos De La Calle”.

Evidentemente no pretendo responder aquí la acuciante pregunta que titula la columna. Desde luego, cualquiera podría intentar hacerlo técnicamente, a través de un análisis de política pública. Ello, se traduciría en ponerle precio a una sistemática violación de derechos humanos. ¿Cuánto cuesta atender a la niñez en situación de calle? ¿cuánto cuesta la atención de alta complejidad? ¿Cuánto cuesta atender a niños con trauma complejo?, podrían ser preguntas atendibles. Desde luego, estas preguntas son relevantes para cualquier gobierno, y en efecto, ellas son resueltas por las neurociencias, ciencias del comportamiento y las ciencias sociales. Sin embargo, existe una dimensión política de este problema que no resulta admisible, ni política ni racionalmente por quienes trabajamos con la niñez, a saber, la dimensión negativa de la biopolítica de la infancia pobre. He aquí, un Estado que sacó a niños, niñas y adolescentes pobres de la calle, al permitirles vivir, llevándolos hacia la protección de la vida. Hoy, luego de tres años, después de hacerlos vivir se los conduce nuevamente a la calle, al arbitrio de los acontecimientos que ocurren en la facticidad de la calle. En suma, no se requiere una forma violenta de aniquilación de la población, o de agentes de gobierno que estén pensando en hacerles daño. Todo ello sería absurdo. Simplemente se requiere que el gobierno de turno, en un proyecto de ley no contemple “hacer vivir” a su población menos prioritaria. He aquí, que la biopolítica se expresa en una simple pero radical pregunta de un adolescente: “Para qué me sacaron de la calle, si después me van a volver a dejar en ella”.