Después de Lissette: la residencia de protección que no hemos construido

A diez años de la muerte de Lissette Villa, -y en el contexto de la escritura de mi reciente libro La deuda de protección de la infancia en Chile: Lissette Villa y el expediente Galvarino: La arqueología del desamparo, dirigido por Editorial Hammurabi-, en el que se reconstruyen los hechos que rodearon esta tragedia, es urgente poner sobre la mesa una situación que lamentablemente se mantiene presente: la falta de especialización del personal de trato directo en el sistema de cuidado alternativo de tipo residencial de niños, niñas y adolescentes en Chile.

Lo que la opinión pública desconoce, aquello que quedó sepultado bajo el ruido medial de la persecución penal, es que, si bien el tribunal persiguió y condenó la responsabilidad individual de las educadoras que atendían a Lisette, el fallo judicial fue mucho más allá. En sus fundamentos, el tribunal señaló con total claridad la falta de servicio del Estado de Chile, al dejar asentada la nula capacitación, el desamparo técnico y el abandono pedagógico en el que se mantenía a los funcionarios, para entregar la atención especializada que requerían los niños bajo cuidado estatal. Esta falta de especialización no se tradujo en una rendición de cuentas real. Ninguna autoridad ministerial o jefatura institucional tuvo que dar explicaciones públicas sobre la estructura ineficaz que el tribunal detectó.

Al clausurar el debate ante la sociedad con un castigo estrictamente individualizado, el sistema eludió las transformaciones profundas. Sin embargo, se dictó en silencio una segunda sentencia: al no modificar estructuralmente la preparación de los equipos, se condenó a todos los niños, niñas y adolescentes que hoy habitan un sistema que replica el mismo abandono. Hoy, bajo el nuevo letrero de «residencias familiares de protección», se siguen perpetuando las mismas prácticas que hace diez años atrás. Sabemos que este terremoto político y social forzó la disolución del SENAME y la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. No obstante, la urgencia por responder a la presión ciudadana instaló una ilusión cosmética: se asumió que la crisis se resolvería cambiando el nombre del organismo y reduciendo el tamaño de los recintos. Así pues, se eludió la discusión de fondo respecto a las transformaciones cualitativas que requería la vida cotidiana dentro de las residencias. Es precisamente ese vacío histórico, esa mutación puramente administrativa, lo que intento reconstruir en Lisette Villa y el expediente Galvarino: la arqueología del desamparo.

En este sentido, el cierre de los masivos Centros de Reparación de Administración Directa (CREAD) y la transición hacia residencias familiares y de menor tamaño se presentaron como avances necesarios. Sin embargo, la realidad territorial actual nos obliga a advertir la nueva trampa estructural del modelo: reducir el tamaño del recinto no garantiza una mejor experiencia de cuidado. Una residencia pequeña que carece de equipos especializados, supervisión permanente, acceso oportuno a salud mental y una comprensión profunda del sujeto de intervención, y que además funciona con sobrecupos de forma permanente, termina por reproducir las mismas prácticas del pasado. Sin ética del cuidado y sin soporte clínico, el espacio se convierte en una institución pequeña y desbordada.

Frente al contexto de desborde, es fundamental detenerse a reflexionar sobre las verdaderas responsabilidades, porque el problema de fondo no son los niños ni sus respuestas reactivas al encierro residencial. Tampoco el problema radica exclusivamente en los educadores cuando, debido a una profunda falta de comprensión de las problemáticas que afectan a la niñez, reaccionan de manera inadecuada o desregulada ante una crisis. El foco del análisis debe ponerse en quienes están mandatados por ley a realizar el diseño teórico y práctico de los entornos residenciales. Esta responsabilidad de planificación no recae en los niños desprotegidos ni en los trabajadores precarizados; recae directamente en las cabezas de la cúpula técnica y política que elabora e impone un diseño ineficaz, y que luego abandona a la primera línea a su suerte.

Al contexto recién indicado, se suma una preocupación alarmante sobre el entorno que hoy golpea la cotidianidad de las infancias institucionalizadas. Las nuevas residencias no operan en el vacío; habitan territorios donde la vulnerabilidad se ha agudizado exponencialmente. Hoy somos testigos de cómo la explotación sexual comercial, el consumo problemático de sustancias al interior de los centros y la progresiva penetración del crimen organizado acechan y permean los entornos de protección. Todas estas amenazas, sobrepasan la capacidad de respuesta de los equipos de atención, transformando espacios seguros en zonas de alto riesgo de revictimización.

Esta cruda realidad nos exige pragmatismo clínico: aunque el horizonte ético sea la desinstitucionalización, la gravedad del daño crónico hará inevitable que cierto grupo de niños requieran un ingreso residencial. Pero si entendemos la internación como un periodo estrictamente transitorio, la pregunta que el Estado elude desde hace más de una década, es qué oferta técnica, clínica y humana sostiene este tránsito. Reducir el debate al cierre de los grandes centros sin robustecer la oferta remanente es abandonar a las infancias bajo una fachada cosmética.

La infancia que llega a estos espacios es compleja por sus experiencias, no por su naturaleza, y carga con trayectorias de pobreza estructural y exclusión social. Cuando las familias enfrentan obstáculos tan severos, la reunificación se vuelve imposible sin políticas públicas complementarias. El resultado es devastador: muchos niños permanecen institucionalizados no por falta de red familiar, sino porque la pobreza no se supera con exigencias técnicas o judiciales, sino con respuestas estructurales inexistentes en nuestro país. Frente a esta encrucijada, emerge la mayor contradicción del modelo chileno: seguimos esperando que los niños con las necesidades más severas sean cuidados por los trabajadores menos especializados del sistema.

El educador/a de trato directo es la figura central: acompaña el despertar, los miedos nocturnos y las crisis, poseyendo el poder de transformar la interacción cotidiana en una experiencia de seguridad. Sin embargo, históricamente se le ha relegado a funciones de vigilancia y control. Su profesionalización ya no es una sugerencia, sino una urgencia que exige políticas públicas que los reconozcan como especialistas, garantizando formación permanente en adversidad temprana, victimología, neurodesarrollo y desescalada humanizada, además de programas de cuidado para quienes trabajan expuestos al sufrimiento. Desde mi experiencia como psicóloga, he sido testigo de cómo el sistema se entrampa en una comprensión errada del modelo reparatorio, al depositar la sanación exclusivamente en el psicólogo, bajo la ilusión de que el trauma se resuelve en un box clínico con cuarenta y cinco minutos de atención. El terreno nos enseña lo contrario: las heridas se reparan en la convivencia de las veinticuatro horas del día. Por lo tanto, el foco debe invertirse. El educador o tutor, es el verdadero agente terapéutico de primera línea, mientras que el psicólogo debe despojarse de su aislamiento clínico, para transformarse en un consultor técnico permanente; un soporte que empodere al equipo y traduzca la conducta del niño desde su historia de vida, convirtiendo la cotidianidad en la verdadera terapia. Bajo esta perspectiva, las residencias deben dejar de ser islas psicosociales para convertirse en espacios de desarrollo integral, conectadas con la salud, la educación y las redes comunitarias. Una residencia reparatoria exitosa no es la que funciona eficientemente hacia adentro, sino la que mantiene al niño vinculado con el mundo exterior. Este despliegue cotidiano, debe ocurrir en paralelo al trabajo de otros profesionales del equipo enfocados de forma decidida en la restitución del derecho a vivir en familia, ya sea preparando el retorno al núcleo de origen, el acogimiento por familia extensa, externa o adoptiva. El tránsito residencial solo cobra sentido si repara mientras construye el egreso.

La experiencia de quienes han habitado estos espacios debe ocupar un lugar central. Durante décadas, las políticas públicas se han diseñado escuchando casi exclusivamente a expertos académicos o jurídicos. Marginalizar la experiencia práctica de los equipos de primera línea y la voz de los sobrevivientes del sistema ha hecho perder una fuente invaluable de conocimiento sobre aquello que daña y aquello que verdaderamente repara. La experiencia y la evidencia no compiten entre sí; se necesitan mutuamente.

Las sentencias por sí solas no modifican los sistemas. Ni los nuevos juicios, ni los sumarios administrativos, ni las capacitaciones aisladas resolverán la crisis. La erradicación de la violencia institucional no se alcanza castigando al último eslabón de la cadena frente a la tragedia consumada, ni cambiando el tamaño o el letrero de los recintos. Exige un cambio radical en la arquitectura organizacional de las residencias: desmantelar la lógica asilar, erradicar los enfoques punitivos e invertir el soporte institucional para sostener y co-regular verdaderamente a la primera línea. El cuidado ético y reparador no es el resultado de una exigencia judicial ni del «heroísmo» de un trabajador precarizado; es, y debe ser, el producto de un diseño estructural integral.

La protección real no ocurre en las leyes ni en los organigramas. Ocurre en la relación cotidiana entre un niño y un adulto preparado para sostenerlo. Frente a esto, cabe preguntarse con total firmeza: ¿dónde está el aprendizaje de todo este dolor? ¿Acaso el Estado espera una nueva muerte provocada por la inercia burocrática? La inacción y el conformismo son una negligencia activa. Honrar verdaderamente la memoria de Lissette exige algo más que recordar una tragedia o cambiar un letrero: exige transformar la ética del cuidado en una práctica institucional diaria y construir, de una vez por todas, la residencia que todavía no hemos sido capaces de crear.

Referencias

Monje, M. (2026). La deuda de protección de la infancia en Chile: Lissette Villa y el expediente Galvarino: La arqueología del desamparo. Hammurabi (En prensa).

Por Mónica Monje,

Psicóloga clínica.