Elección presidencial: Más allá de las 40 horas

La reducción de la jornada laboral fue presentada como una victoria histórica para la clase trabajadora. Desde la promulgación de la Ley 21.561, el discurso oficialista insiste en que a menores horas de trabajo, mayor calidad de vida. Sin embargo, a dos años de su entrada en vigencia, cabe preguntarse con honestidad y sin consignas lo siguiente: ¿estamos frente a un verdadero avance o ante una reforma que, bajo el slogan de progreso, perpetúa la precarización y las desigualdades de siempre?

La ley de las 40 horas, que reduce gradualmente la jornada semanal de 45 a 40 horas en cinco años, siguió la recomendación de la OIT de 1962 y recogió una demanda instalada en la agenda pública por más de una década (Olavarría, 2007). Fue aprobada de manera unánime en el congreso, un hecho poco habitual en tiempos de polarización política. Pero esa transversalidad no garantiza justicia social. Como señala Osorio (2018), la formulación de políticas públicas no consiste en replicar lineamientos internacionales, sino en equilibrar intereses y proteger a quienes más lo necesitan.

Sobre el papel los beneficios son evidentes: más tiempo personal, mejor salud mental, trabajadores más motivados y según la OIT (2023), incluso un repunte de la productividad. Investigaciones como las de Petersen (2017) y Marimon y Zilibotti (2000) proyectan que la reducción de jornada podría generar más empleo y dinamizar la economía. No obstante, Brown y Hamermesh (2019) señalan que las horas extras pueden neutralizar o incluso revertir dicho efecto.

El problema central está en la flexibilidad laboral que acompaña la ley. Como advierte Rojas (2023), esta reforma legal abre la puerta a pactos directos entre trabajador y empleador, lo que en la práctica suele inclinar la balanza hacia el lado empresarial, al reforzar la incertidumbre laboral. Este es el talón de Aquiles de la reforma; en lugar de democratizar el tiempo, puede convertirse en un instrumento de mayor precarización. Gamonal (2023) va más allá y señala que la ley debilita la organización sindical al restringir la negociación colectiva y potenciar acuerdos individuales sin respaldo de huelga efectiva. En un país en el que no hay sindicalismo y negociación colectiva real, esto equivale a legitimar la fragmentación y el aislamiento de los trabajadores.

La perspectiva de género revela otro ángulo crítico. Las mujeres seguimos cargando con la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados (Ramírez, 2017; Silva, 2023). En este contexto, la flexibilidad mal regulada no es libertad, es una trampa que nos empuja a jornadas invisibles, recortando sus oportunidades de ascenso y consolidando la brecha salarial. El debate público se ha obsesionado con la posible baja de la productividad. Un argumento débil y funcional a la lógica empresarial. Si el objetivo real fuera mejorar la calidad de vida, la discusión debería enfocarse en garantizar derechos, horarios dignos y condiciones laborales seguras y no en la estetización de indicadores.

En este escenario, y con una elección presidencial a la vista, la pregunta es inevitable ¿qué candidato o candidata se atreverá a ir más allá del titular y a comprometerse con políticas que no solo reduzcan horas, sino que también fortalezcan sindicatos, regulen la flexibilidad, acoten las brechas de género y protejan a las y los trabajadores de la precarización? Sin un entramado robusto de derechos laborales, lo que hoy se presenta como avance, podría en pocos años, revelarse como una concesión vacía. Como señala Stein (2007), las políticas son respuestas contingentes; lo que parece progreso en un contexto puede ser retroceso en otro. Reducir horas es solo el comienzo, el verdadero desafío y la verdadera prueba para cualquier proyecto presidencial serio, es construir un trabajo digno, equitativo y protegido, lo demás es propaganda.