Resumo (português)

Institucionalização, falta de proteção e governança na infância do baixo povo chileno: uma análise a partir do pensamento de Michel Foucault

Este artigo examina a falta de proteção de crianças no Chile, destacando os principais problemas enfrentados por crianças na cidade baixa. Através de uma análise crítica do pensamento de Foucault, é analisado um tipo de população ignorada pelo filósofo francês e pelos estudos acadêmicos subsequentes. Através de uma análise histórica, explora-se como, desde o século XIX até os dias atuais, a institucionalização das crianças tem sido utilizada como estratégia de controle, confinamento e governo da população. Por fim, é delineada uma interpretação filosófica da infância em termos biopolíticos, que esclarecem que na institucionalização das crianças pelo Estado, é exercido um poder governamental que pode fazê-las morrer.

Palavras chave: Falta de proteção; institucionalização; Foucault; biopolítica infantil; governo.

Abstract (English)

Childhood Institutionalization, Lack of Protection and Governance among the Chilean Lower Class: An Analysis based on the Thought of Michel Foucault

This article examines the lack of protection of children in Chile, highlighting the main problems experienced by children of the lower class. Through a critical analysis from Foucault’s thought, a type of population ignored both by the French philosopher and by subsequent academic studies is analyzed. Through a historical analysis, it is explored how from the 19th century to the present day, the institutionalization of children has been used as a strategy of control, confinement and government of the population. Finally, a philosophical interpretation of childhood in biopolitical terms is outlined, which clarifies that in the institutionalization of children by the State, a governmental power is exercised that can make them die.

Keywords: Unprotected, institucionalization; Foucault; childhood´s biopolitics; goverment.

Introducción

Analizar la desprotección de la infancia en Chile desde el siglo XIX, se justifica debido a que, en dicha centuria, se registraron los más altos niveles de mortalidad infantil conocidos por la historiografía chilena (Illanes 1993; Salazar 2010; Salazar y Pinto 2014). A inicios del siglo aludido, la elite económica y política radicada en Santiago2, al mismo tiempo que detentaba, imitaba e idealizaba las costumbres eurocéntricas, establecía un distanciamiento radical sobre los niños y niñas del bajo pueblo, quienes sin ayuda asistencial del Estado se expusieron a altos riesgos de mortalidad (Illanes, 1993: 27). Por bajo pueblo entenderemos aquí3, a los sujetos populares que han estado marginados de las páginas oficiales de la Historia de Chile (Salazar 1999). Para comprender históricamente a la niñez marginada, se debe recurrir a la “Historia Científica Popular”4, vale decir, al análisis de los “procesos históricos que deben vivir los pobres, los marginados y los ciudadanos comunes y corrientes” (Salazar, 2006: 143). Así pues, la infancia del bajo pueblo está compuesta mayoritariamente desde su origen colonial, por familias de huachos5 errantes que, -por múltiples causas históricas-, no se integran normativamente al orden social (Salazar, 1999: 99). He aquí, a infantes indigentes, ilegítimos, harapientos, expósitos, pobres, pandilleros, vagabundos e infractores (Salazar, 2010).

Durante la centuria decimonónica, el abandono y la mortalidad infantil fueron características que mostraron que la niñez fue una etapa vital desprovista de legitimidad. Una prueba de ello, es que solo en 1998 se logró poner fin a la Ley de Filiación, que desde 1855 distinguió entre hijos legítimos e ilegítimos en las relaciones matrimoniales (Rauld, 2019: 52). Aunque la infancia de la época vivía junto a sus padres, sus formas de convivencia familiar no tenían representación ni protección jurídica del Estado. A ello se sumó la férrea desigualdad de clases, la influencia de la moral católica y la discriminación de las madres solteras, razones que contribuyeron a que frecuentemente las mujeres abandonaran a sus hijos. El infanticidio –en tanto que práctica común a fines del siglo XVIII– fue reemplazado por mecanismos de confinación social en centros estatales o de la sociedad civil. Solo en el siglo XIX, más de 100 mil niños expósitos e ilegítimos fueron internados en orfanatorios de la sociedad chilena (Salinas y Delgado, 1990: 48). Al respecto, Gabriel Salazar nos indica que a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la infancia indigente constituyó un problema estructural. He aquí, que el Estado ofreció como respuesta, la creación de las Casas de Huérfanos, en la que entre 1837 y 1839, la mortalidad infantil fluctuó entre “470 y 610 por mil anual. Cincuenta años más tarde (hacia 1880), la mortalidad infantil en esas Casas se había incrementado a niveles superiores a 800 por mil anual” (Salazar, 2010: 81).

También el cristianismo decimonónico influyó decisivamente en la concepción de la vida y la muerte infantil. La fórmula “Dios me lo dio, Dios me lo quitó” nos revela el conformismo moral de la época al instalar una percepción fatalista de la “concepción, procreación y proyección futura de un hijo” (Salinas y Delgado, 1990, 54). Así pues, los niños, niñas y jóvenes del bajo pueblo tuvieron que enfrentar su vida a partir de objetivas condiciones de desigualdad respecto de la infancia de la oligarquía –que tuvo “un enorme aparato familiar e institucional de protección” (Salazar y Pinto, 2014: 20), pues alrededor de un 80% de los plebeyos nacidos durante el siglo XIX y XX fueron niños huachos, esto es, sin padre y “a menudo sin madre” (Salazar y Pinto, 2014: 48). El Estado del siglo XIX declaró una guerra interna contra la infancia del bajo pueblo; una lucha explícita contra la infección provocada por el vagabundeo infantil. Bajo el principio de higienización pública, el Estado implementó políticas policíacas en contra de las madres y sus hijos. Cualquier infante “sospechoso” podía ser considerado un vándalo o vagabundo, y, por consiguiente, podía ser confinado por los subdelegados e inspectores policiacos. Las políticas de higienización de la ciudad y del espacio público, contemplaban que a los niños que se encontrasen errando se les diera un destino y se los sacara de la inmundicia en que “vivían sus madres” (Salazar, 2010: 53).

1.La institucionalización infantil en el siglo XIX

La internación infantil desde el siglo XIX fue parte de un profundo desplazamiento en la forma en que el Estado ejerció el poder sobre la vida y la muerte de la población. Se trató de una transformación en la racionalidad con la que se ejercía el poder; desde el abandono de niños en la vía pública hacia el diseño de un masivo proceso de institucionalización. Ilustrativa es la descripción de Jimena Carrasco, quien señala que con la fundación de la primera Casa Correccional de Santiago –una “casa de objeto público”– se instaló la concepción panóptica que tuvo Jeremy Bentham, al utilizar estrategias de vigilancia y educación moral (Carrasco, 2014: 132 y 133). En suma, los niños o niñas no constituyen una excepción para el poder disciplinario, ni en términos de su segregación física, ni en términos de las reglamentaciones minuciosas con las que se inspecciona detalladamente su cuerpo (Mantilla, 2017: 29).

Durante el siglo XIX, la aristocracia luchó abiertamente contra el bajo pueblo y sus niños huachos y huérfanos. Asistimos a una centuria en la que el aparato estatal adquirió la fisonomía política de un Estado gendarme. Su vigilancia no solo controló y diezmó a la población, sino que la planificación de gobierno no intervino en los graves problemas sociales que sufrieron los trabajadores, sus familias y niños (Rauld, 2019: 54). En otras palabras, la clase dirigente –a cargo de la conducción del gobierno– abandonó a la población de la cual era responsable y en cambio, ejerció sobre ella, un fuerte control policíaco. Los grandes azotes patológicos de la viruela, sífilis y tuberculosis, constituyen una prueba de que la clase dominante, prefirió dejar morir a estos sectores de la población (Illanes, 1993: 159). La historia de Chile lejos de haber protegido al infante huacho del bajo pueblo, apeló a la clase dominante para controlarlo a través del encierro. Tras la institucionalización de la infancia vulnerada, se instaló una profunda idea de benignidad que es concordante con los principios de ortopedia sociomoral descritos por Foucault en 1975. La institucionalización nos permite distinguir los efectos del panoptismo y constatar que el cuerpo del niño está penetrado materialmente por relaciones de poder y dominación que le son inmanentes. La institucionalización somete al infante y lo convierte progresivamente en fuerza útil de trabajo. La educación, la socialización moral de sus aptitudes, la escolarización, alimentación y satisfacción de necesidades mínimas, les permite a los niños ingresar, -previa confinación-, a las filas del proletariado. He aquí, que el cuerpo del niño al igual que un prisionero “solo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y cuerpo sometido” (Foucault, 2012: 35).

1.1.Biopolítica de la infancia

A inicios del siglo XX la confinación de la infancia huérfana, se consolidó como una idea práctica y socialmente necesaria en la resolución de los problemas relativos a la desprotección de la niñez. Desde sus orígenes, la institucionalización infantil ha gozado de legitimidad, pues dicha práctica coexistió con la hambruna y el empobrecimiento sistemático del proletariado, tornando imposible la protección de la infancia (Rauld, 2019: 55). Por su parte, la desafección de la clase dirigente durante la cuestión social, agudizó los conflictos de clase y justificó la necesidad histórica de institucionalización. El descontento social del bajo pueblo, la insatisfacción permanente de sus necesidades materiales, así como los problemas sanitarios, fortalecieron la validez de la institucionalización infantil como una estrategia de control. Ante el contexto de desigualdad y desprotección, los médicos, visitadoras sociales y militares de la época, organizaron alianzas que permitieron menguar la conflictividad social al favorecer la unión de la caridad y el poder disciplinario (Illanes, 2006: 259). Esta amplia mediación social entre el bajo pueblo y el poder gubernamental, liderada por la unión de la medicina y el trabajo social, constituyó una importante expresión del poder disciplinario que fue funcional a la aristocracia dominante. Así pues, las mujeres de la élite, convertidas en visitadoras sociales profesionales, configuraron la clave de aplicación “de las ‘políticas sociales del siglo XX’ –especialmente de la biopolítica– a través de una práctica de mediación entre el pueblo y las instituciones” (Illanes, 2006: 17). He aquí, el surgimiento de una incipiente biopolítica infantil, cuyos efectos permitieron administrar la vida y la muerte. Sin pretender realizar extensas disquisiciones conceptuales, señalamos que por biopolítica, se entenderá en términos generales, un poder sobre la vida destinado a ejercerse sobre el cuerpo del niño a un nivel individual, pero también a dominar la infancia como población (Rauld, 2019: 22-50). En esta microfísica del poder, científicos, expertos, laicos, religiosos y funcionarios de gobierno se entrometieron en todas las dimensiones de la vida social, dando lugar a una heterogeneidad de instituciones y trabajadores sociales, entre los que destacan “inspectores, asistentes sociales y psicólogos” (Foucault, 1992: 112).

1.2.La infancia en el debate intelectual

Los trabajadores sociales contribuyeron en gran medida a difundir en Chile el ideario de los derechos del niño, al manifestar un incipiente interés por transformar el arcaico derecho civil y penal de la época (Rojas, 2007, 4). El énfasis en la protección física al niño no es una propuesta reciente del Estado, ya que ella fue parte de un acotado e intenso debate de escritores europeos y estadounidenses, que tuvieron una importante divulgación y reconocimiento intelectual a inicios del siglo XX. Un ejemplo de dicho ideario, y que permanece vigente hasta nuestros días es la Casa de Huérfanos y su transformación histórica en La Casa Nacional del Niño. Pese a los grandes conflictos sociales de la década de 1920, se impulsaron importantes medidas de protección sanitaria de la población infantil, lideradas por la SOCHIPE (Sociedad Chilena de Pediatría), tales como la instalación de los controles médicos de prevención escolar, el incentivo de la lactancia materna, la creación del Patronato Nacional de la Infancia y la promulgación de la Ley de Menores en 1928. He aquí, el surgimiento de toda una serie de políticas de protección, regulación y normalización de la vida y la muerte de la población infantil (Rauld, 2019: 57). Durante las primeras décadas del siglo XX, la preocupación por la infancia excedió el territorio de la política, la filantropía o la pediatría. Es el caso de la poesía y pedagogía de Gabriela Mistral. En las conferencias que la célebre poetisa dictó en la ciudad de Buenos Aires, quedó esclarecida no solo su posición anticomunista, sino también su interés por la infancia como problema social. Mistral fue explícita en defender el rol protector que debe desempeñar la familia, pues a su juicio, la infancia es la única entidad de privilegio que merece gozar de protección estatal, al señalar lo siguiente:

La Infancia se merece cualquier privilegio. Yo diría que es la única entidad que puede recibir sin rezongo de los mezquinos eso, tan odioso, pero tan socorrido de esta sociedad nuestra, que se llama “el privilegio”, y vivir mientras sea infancia, se entiende, en un estado natural de acaparamiento de las cosas excelentes y puras del mundo, en el disfrute completo de ellas (Mistral 1979: 62).

1.3.Historia social

Compartiendo la mirada de Mistral, nuestro trabajo pretende visibilizar a los niños, niñas y jóvenes en tanto que sujetos protagónicos de nuestra actualidad. Historizar la infancia desprotegida implica explorar la historia de una población hasta ahora ignorada. En este sentido, no solo es relevante comprender cómo la historia ha tematizado la infancia, sino también cómo la historiografía popular –que pretende representarla– la ha excluido y silenciado (Rauld, 2019: 58). La historia social ha mostrado que la infancia se ha definido a partir de prácticas tutelares que la han hecho reproducir pasivamente su rol, desde la repetición monumentalizada y enciclopédica de los hechos históricos (Foucault, 2004: 24). Es un hecho que los niños y niñas nunca han sido actores centrales en la historia, y aunque estos no elijan gobernantes, no puede afirmarse que no tengan historia, pues su historicidad ha quedado en los márgenes de la historia republicana nacional (Salazar, 2010: 86-89). Siguiendo el análisis de Jacques Donzelot, sostenemos que, en los dos últimos siglos, la infancia del bajo pueblo ha sido considerada bajo un doble aspecto: la infancia en peligro, “la que no se ha beneficiado de todos los cuidados de crianza y educación deseables, y la infancia peligrosa, la de la delincuencia” (Donzelot, 1998: 1). En concordancia con lo que señala Donzelot, a principios del siglo pasado, cuando la cuestión social estaba en pleno auge, la Policía Fiscal organizó un sistema de escuelas para niños pobres, vagabundos y trabajadores de la calle. Se trató de una exitosa medida gubernamental que, con un alto registro de matrículas enfrentó una problemática social desconcertante y de altísima prevalencia en el país. La vagancia y la delincuencia infantil, constituyó un problema de difícil control para los gobiernos. La policía junto con la ayuda filantrópica de las damas de élite, gestionaron recursos para satisfacer las necesidades de vestimenta y alimentación de la población infantil. Con esta alianza estratégica del poder, se implementaron formas de protección de la vida infantil como prácticas de ortopedia sociomoral. Las estadísticas empleadas por Rojas, indican que a fines de 1928 existieron 1.200 niños vagos potencialmente delincuentes en Santiago.

1.4.Políticas de protección del bajo pueblo

El despliegue de políticas liberales entre 1920 y 1950, pues en este periodo, se implementaron importantes políticas sociales de protección al bajo pueblo. Así, en junio de 1937, se constituyó la sociedad anónima Central de Leche de Santiago, cuya alianza de obreros y empresarios, desarrolló toda una tecnología política de gobierno de la población (Carvajal y Gaete, 2014: 192-193). Yuri Carvajal y Jorge Gaete, explican que en el país se produjo una normalización, estandarización y estassanización de la leche.6 He aquí, el esfuerzo de producir un objeto desprovisto de vida, pero aséptico y estéril, “sin signos de la animalidad vacuna, conteniendo su liquidez en botellas de vidrio, con el logo oficial de la industria y una reorganización de sus componentes según las recomendaciones nutricionales” (Carvajal y Gaete, 2014: 192). A partir del gobierno del Frente Popular, se legitimaron progresivamente las necesidades educativas y de salud de la población. Las múltiples problemáticas de desprotección social del proletariado (medicina familiar, luchas por la vivienda, acceso a la educación primaria y consumo de leche, etcétera), generaron que la acción gubernamental centralizara toda su gestión pública en el Ministerio de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. De significativa importancia fue la creación de consultorios de atención médica, la incorporación de desayunos escolares, así como la creación del Departamento Central de la Madre-Niño a cargo de la administración ministerial de Salvador Allende. Ante todo, se trató de iniciativas médico-sociales que disminuyeron la altísima mortalidad infantil recién en la década de 1940. La publicación de La realidad médico-social chilena de Salvador Allende en 1939 es un ejemplo de ello, pues no solo obtuvo el reconocimiento de la inteligentsia médica, sino también de la gestión política del gobierno.

A pesar de que la literatura histórica coincide en afirmar que –desde el Frente Popular hasta la fractura de la democracia en 1973– se desarrolló un mejoramiento objetivo de la trayectoria vital de la población, es conveniente no idealizar este proceso histórico (Carrasco 2014; Carvajal y Gaete 2014; Illanes 1991; Illanes 1993; Illanes 2006; Rauld, 2019; Rojas 2007; Rojas 2010; Salazar 2010; Salazar 2014). Desde su nacimiento, el Estado de bienestar nunca logró satisfacer todas las demandas del bajo pueblo y sus familias. El discurso estatal de compromiso hacia el bajo pueblo, provocó que las exigencias sociales exacerbaran las necesidades asistenciales, aumentando el malestar de la población. Un ejemplo de ello fue la paradoja con la que se representó el ideario de los derechos de los niños en el ámbito de la educación. Bajo el lema “Escuela para todos”, se materializó la promesa de ilustración educativa de la infancia proletaria, al mismo tiempo que se profundizaron las desigualdades de clases. En realidad, desde la década 1920, la escuela primaria fue utilizada por la clase dominante como un objeto biopolítico de normalización del status quo. Y aunque el bajo pueblo ejerció mecanismos y prácticas de resistencia al poder gubernamental, al exigir acceso a la educación para sus hijos, el Estado durante todo el siglo XX administró y privilegió el gasto e inversión en la educación privada.7

1.5.Proyecto biopolítico

En nombre de la protección vital de la población, se desarrolló durante todo el siglo XX y por vez primera en Chile, un proyecto biopolítico comandado por el poderío de las ciencias médicas y pedagógicas (Rauld, 2019: 63). Un proyecto liderado principalmente por pediatras e internistas que, influidos por la medicina europea, legitimaron los problemas sociales, al otorgarle una alta incidencia en la prevalencia a patologías como la tuberculosis, la sífilis o la desnutrición infantil. Por su parte, la clase política y la elite no dudaron en exigir evidencia científica al poder médico respecto de las problemáticas que afectaban a la población. En tal sentido, la creación y formación de la Escuela de Medicina en la Universidad de Chile –bajo el discurso iluminista de la ciencia– constituyó un espacio fértil para la intervención social. Así, la economía política y las ciencias médicas coincidirían en sus fines: “rescatar la vida humana de las condiciones que la dañaban como fuerza laboral” (Carrasco, 2014: 139). El cuidado de la salud familiar y el disciplinamiento escolar formaron parte del proyecto biopolítico de la población, pues el surgimiento del hospital y la escuela –en tanto instituciones– corresponden a la misma empresa. En la serie de intervenciones gubernamentales clínico-pedagógicas, advertimos una racionalidad médica de gobierno que buscó cambiar las condiciones vitales de la población. Es una época de estratégicas alianzas biopolíticas. Permítasenos tan solo mencionar dos ejemplos institucionales de protección de la población: el primero, la creación en 1964 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). El segundo, la insistente nutrición del cuerpo social. Para ello, basta ver la célebre carta a las madres de Chile realizada en la Unidad Popular, en la que se señala lo siguiente:

Madre: cada uno de tus hijos recibe ahora medio litro de leche al día. Al entregarte este precioso alimento el Gobierno está cumpliendo su promesa de combatir al peor enemigo del futuro de nuestro pueblo: la desnutrición (Rauld, 2019: 64).

La Unidad Popular se propuso consolidar la legitimidad de la soberanía popular, mediante la alianza de las ciencias médicas, pedagógicas y sociales, al exhibir el exitoso control sobre las políticas de natalidad y mortalidad (Capponi, 2014: 158). Asimismo, debió lidiar con el contexto de polarización política entre trabajadores y la élite dirigente, sin desatender la gubernamentalidad alimentaria de su propia población. No es sino hasta el proyecto de la Unidad Popular que se advierten esfuerzos de salubridad pública y comunitaria, cuyo eje fueron los consultorios médicos de cada comuna. Solo así se entiende que la salud pública echara sus “raíces en la tierra” (Illanes, 1993: 412). No debe atribuirse este triunfo histórico en forma exclusiva al gobierno de Allende, ya que sus antecedentes provienen de las transformaciones históricas conducidas por las alianzas biopolíticas de inicios del siglo, pero tampoco debe desestimarse el influjo y poderío de las ciencias en este gobierno. Como nunca las ciencias humanas, desarrollaron una proliferada producción académica para intervenir la pobreza, la marginalidad y el cambio social. Las ciencias humanas y médicas se dejaron seducir por la estética de la violencia y la voluntad de ruptura que propugnó el socialismo. Así pues, lo ha señalado el filósofo chileno Martín Hopenhayn, quien afirma que –en dicha época– el verbo “romper tenía un encanto irresistible que ahora ya no tiene. Incluso la violencia implícita en el verbo podía ser revestida de belleza” (Hopenhayn, 2004: 20).

Al mismo tiempo que se desarrolló el proyecto biopolítico, se extendió una férrea legitimidad científica sobre el encierro de la población infantil y adulta. El influjo de la psiquiatría europea se manifestó en las prácticas clínicas que privilegiaron el encierro de los pacientes. Y pese a que gran parte del bajo pueblo chileno simpatizó con el humanismo y socialismo, nunca se cuestionó ideológicamente la institucionalización o el encierro como práctica contra el bajo pueblo. Ya fuere en un psiquiátrico o un hogar de menores infantil, la vida fue confinada sin excepción. La imaginación política en torno a la construcción del hombre nuevo, el materialismo histórico o cualquier otra razón histórica, no se tradujeron en una crítica o una política en contra de los procesos de estatización, psiquiatrización y confinación de la infancia con enfermedades mentales. En Chile nunca fue cuestionado, el encierro de la psicosis, la prescripción de los neurolépticos, la aplicación de terapia electroconvulsiva o las psicocirugías. A diferencia de Estados Unidos, Inglaterra e Italia, la antipsiquiatría o la psicología crítica no se conoció sino hasta tres décadas más tarde.

1.6.Kant y Foucault en la minoría de edad

Lo que nos ha interesado mostrar histórica y filosóficamente es cómo se ha hecho legítima la institucionalización contra el bajo pueblo chileno. Para atender este problema, permítasenos un breve preámbulo a partir del nexo interpretativo que otorga Inmanuel Kant al pensamiento de Foucault. Para el filósofo alemán, la ilustración es en términos generales “la liberación del hombre de su minoría de edad. La minoría de edad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro” (Kant, 2007: 1). Según el poder jurídico chileno, el infante es aquel que legalmente es menor de edad . En efecto, desde la Grecia Antigua hasta nuestra actualidad, la infancia ha carecido de autonomía, en particular, la infancia del bajo pueblo, pues esta ha debido siempre someterse y obedecer. Si prestamos atención al texto ¿Qué es la crítica?, advertiremos que en el concepto de gubernamentalidad, Foucault realizó una crítica al poder pastoral cristiano y a las artes de gobierno que derivan de él. Para Foucault, el problema principal consistía en cómo no ser gobernado de tal o cual forma (Foucault, 1995). A nuestro juicio, en la crítica histórica del filósofo de Poitiers se despliega una dimensión clave para la biopolítica de la infancia, pues el infante desde antaño, no es solo quien no está autorizado al habla o el que puede ser abandonado, sino también el que en su minoría de edad debe ser gobernado. (Ariès, 1987: Kant, 2007, Rauld, 2019). La reflexión crítica de la gubernamentalidad, nos ha permitido comprender cómo la infancia del bajo pueblo se ha convertido en una población específica de gobierno (Foucault, 1995: 6). Una población que, durante los dos últimos siglos, fue parte de un progresivo proyecto biopolítico. He aquí el hecho fundamental: el infante del siglo XX y de nuestro siglo es un menor de edad.

1.7.La infancia en la dictadura

Es un hecho histórico que, en el siglo XX hasta el declive de la Unidad Popular, existió un gobierno que resguardó la vida de la población (Rauld, 2019: 67). El quiebre institucional de 1973 no solo puso término al proyecto biopolítico de la población, sino también fracturó los esfuerzos gubernamentales del siglo XX que defendieron a la infancia del bajo pueblo. Con la muerte de Salvador Allende terminó sin duda, el mayor proyecto biopolítico de la población infantil conocido en Chile. Parafraseando a Illanes, el bombardeo de la Moneda tuvo una doble función simbólica en la historia política reciente: la muerte del presidente y con ello, la muerte del proyecto gubernamental de protección de la población infantil (Illanes, 1991: 289). Fin del proyecto que administró gubernamentalmente la vida de la infancia como población. En términos históricos, es una prueba irrefutable de que la infancia del bajo pueblo también fue sometida a prácticas de represión y terrorismo de Estado por parte de la dictadura cívico-militar. Gran parte de la población infantil no solo presenció las distintas modalidades de intervención corporal de sus progenitores o familiares, sino que vivió en carne propia los allanamientos, golpizas, detenciones, torturas y suplicios generados por la planificación estatal (Rojas, 2010: 684). Las escuelas del país –símbolos del proyecto de protección biopolítico– fueron acuarteladas por el poder militar. El desmantelamiento institucional de la educación, generó una extensa deambulación infantil, en la que bandadas de niños tocaban los timbres de los hogares en las poblaciones, pidiendo subsistir de la recolección de la basura y de las sobras alimentarias. He aquí, la conformación de toda una economía del desperdicio y de la delincuencia infantil. Asistimos a una importante historia de la deserción escolar, tras constatarse el quiebre del “proyecto de la escolarización social como vía hacia la democratización del bienestar” (Illanes, 1991: 289).

1.8.El SENAME en dictadura

Entre 1974 y 1975 la filantropía infantil adquirió cada vez mayor relevancia en la sociedad civil. La creación de instituciones como Coanil (Corporación de Ayuda al Niño Limitado, Inicialmente al Deficiente Mental), Coaniquem (Corporación de Ayuda al Niño Quemado), Conin (Corporación para la Nutrición infantil), Fundación Mi Casa, Cordam (Corporación de Ayuda al Menor en Situación Irregular), así como la célebre Teletón, fueron de gran importancia política para la legitimación del nuevo orden social y expresión de las políticas del nuevo gobierno de la infancia del bajo pueblo (Rojas, 2010: 686). La dictadura cívico militar constituyó en términos históricos y culturales, una época funcional al nacimiento de instituciones filantrópicas que gobiernan hasta nuestros días la población infantil. La nueva dirección económica del régimen de gobierno impuso una revisión a todas las políticas de planificación centralizada. Ello permitió dar inicio en 1979, a la transformación del Coname (Consejo Nacional de Menores) en el actual SENAME (Servicio Nacional de Menores) (Rojas, 2010: 685).

Es relevante mencionar el caso de Cordam pues, como institución, adquirió una fuerza inusitada al lograr atender a más de 35.000 niños en un período de seis años en diversas escuelas, jardines, hospitales y clínicas del país (Rojas, 2010: 686). En 1982 por Decreto Supremo, Cordam fue traspasada a la Casa Nacional del Niño a cargo de la administración del Servicio Nacional de Menores. El discurso de la dictadura apeló a la pasividad de este organismo que sólo actuaba como un consejo de menores y no como un activo servicio del Estado. La dictadura focalizó y legitimó en el bajo pueblo la necesidad de un servicio estatal de protección a la infancia. Sin embargo, con el transcurso de la modernización económica, se impuso un espíritu neoliberal que favoreció la acción privada del empresariado con el Estado (Rojas, 2010: 708). Así pues, se creó en 1979 la Ley Orgánica del SENAME con el objeto de externalizar el servicio estatal a privados, al obtener ayuda financiera de los empresarios en la gestión del cuidado de la población de menores en situación irregular. Esta alianza no tuvo el signo de la cooperación mutua de la sociedad, sino la del gerenciamiento del cuerpo social (Henoch, Honorato y Bejide, 2018: 88).

La modernización del sistema infantil nunca estuvo exenta de problemas en su conformación histórica. Ya en 1984, los jueces de menores advirtieron los riesgos del sistema de institucionalización, debido a las constantes muertes de menores, los abusos sexuales de los funcionarios en contra de ellos, los incendios, las fugas masivas, las torturas y el aumento explosivo de niños residencializados (Rauld, 2019: 69). Todas estas realidades tornaron peligrosas e inviables las instituciones que albergaban la trayectoria vital de la niñez, cuestión que se replicó en los centros penales juveniles. A finales de la década de 1970, la dictadura inició un acelerado proceso de focalización del gasto público, en el que a través de la gestión municipal organizó los Comités de Asistencia Social. Este cambio neoliberal en la gestión de gobierno de la población respondió a una reingeniería del Estado y las relaciones sociales con la sociedad. Se trata, ante todo, de una nueva legitimación gubernamental que buscó identificar cuáles vidas eran las más vulnerables en la sociedad (Fassin, 2012: 52). Prueba de ello, fue el resultado que se obtuvo en 1980 cuando El Mercurio, señaló que 1.541 menores de extrema pobreza serían los beneficiarios del subsidio (Rojas, 2010: 710).

1.9.La CDN y la idealización de la infancia

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), -a través de su concepción idealizada de la infancia-, ha sido la principal normativa jurídica que ha permitido la gestión gubernamental de la población infantil vulnerable (Rojas, 2001: 26). La CDN ha implicado un giro en la conceptualización teórica de la infancia, desde una perspectiva tutelar de menores en situación irregular –centrada en el subsidio de la pobreza y el riesgo social– a una perspectiva que reconoce al niño como sujeto de derechos, esto es, como un sujeto jurídico. Hay que admitir que la CDN ha intentado desarrollar un tratamiento benigno para la infancia, al otorgar al niño el estatuto de un sujeto jurídico equivalente a los derechos universales del hombre. Sin embargo, la CDN en Chile carece de un organismo especializado en la supervisión del cumplimiento de los derechos de los niños, en particular, de aquellos institucionalizados en el Estado (Henoch, Honorato y Bejide, 2018). Nuestra sociedad, posee una fragmentación legal y normativa que obliga a los profesionales “a un conocimiento jurídico que los excede y que devalúa la idea del niño como sujeto de derechos… ¿Cómo un niño va a ejercer sus derechos si para conocerlos requiere de un asesor jurídico especializado?” (Rauld, 2019: 70). Nos referimos a una devaluación del niño como sujeto jurídico, porque el ejercicio de sus derechos solo puede desplegarse a la dependencia de un abogado especializado para su representación. Desde esta perspectiva, el infante, el menor o el que puede ser abandonado, depende de una red de relaciones de saberes y poderes. El niño, es sujeto y está sujetado a toda una microfísica del poder, en la que solo podrá ser escuchado y representado por un tecnócrata en el tribunal.

El actual ordenamiento jurídico en Chile contempla, bajo una aparente antinomia jurídica, la convivencia de la CDN con la antigua Ley de Menores de 1967. Tras esta aparente contradicción, advertimos que el poder jurídico es estrictamente funcional a las prácticas de dominación infantil, ya sea en términos de su control científico, policíaco o gubernamental. Las normas legales de derecho infantil en Chile no solo transgreden el espíritu legislativo de la CDN, sino que han demostrado ser funcionales a las lógicas de desigualdad del capitalismo. Basta con advertir el nombre que se la da a la Ley de Menores, para comprender que el niño como sujeto de derechos es el resultado de un efecto discursivo del poder. La fragmentación jurídica existente en Chile da cuenta de que no hay una legislación específica de protección de derechos infantiles, así como tampoco de salud mental infantil y juvenil. Este problema de naturaleza jurídica es expresión de un contexto de desprotección estatal, es decir, puramente biopolítico, a saber, qué tipo de niños, niñas y jóvenes se pretende proteger y defender. Dicho de otro modo, qué niños y niñas se quiere realmente hacer vivir o dejar morir como población (Rauld, 2017).

2.La dominación del poder disciplinario

Comprender los innumerables problemas de la infancia desde los efectos disciplinarios del poder, nos permite entender que la infancia ha sido tratada bajo un tipo de control gubernamental en el que cada niño que ingresa al SENAME, se convierte en una cifra estadística. Es ilustrativo el testimonio de Edison Llanos que, tras sufrir la confinación y coerción estatal del poder, afirma que los niños y niñas en el SENAME –que parecen no importarle a nadie– “merecen y requieren ser tomados en cuenta. Para un niño que vive en la pobreza, existe el infierno y éste fue creado por el propio Estado de Chile, al que bautizó Servicio Nacional de Menores” (Llanos, 2018: 13).8

Si recurrimos a la biopolítica de Foucault, si estamos atentos a ella, haremos de la crítica una forma de resistencia contra las formas de gobierno actual de la infancia. Desde tal perspectiva, afirmamos que a la infancia chilena del siglo XXI se le impuso una racionalidad de gobierno neoliberal, que individualiza la afirmación jurídica de derechos individuales en el marco del capitalismo avanzado. ¿Qué es la Convención sobre los Derechos del Niño sino la autoafirmación radical de un sujeto jurídico portador de derechos individuales? (Bustelo, 2005: 264). En este sentido, la infancia que se nos invita a liberar y proteger, no guarda relación con la noción de población infantil o de colectivo, sino que de un sujeto jurídico estrictamente individual. Permítasenos por ahora decir lo siguiente: el actual gobierno de la población infantil sigue ejerciendo la lógica tutelar de la dictadura. Su ejercicio institucional, continúa siendo una herencia contra la que hay que pensar formas de protección de la población. En nuestro tiempo, el SENAME o cualquier otra institución podrá ser reformulada y superada históricamente. Sin embargo, en el ejercicio de gobierno de la infancia, sigue permaneciendo oculta la inmediata asociación entre justicia y tribunal. La institucionalización como política de control está sujeta a las normas procedimentales del derecho que la hacen posible. No se debe olvidar la naturalización que tiene el derecho respecto de la justicia infantil. La decisión en torno a los mecanismos bajo los cuales se captura la vida del infante no proviene de un servicio estatal de gobierno, sino que de la decisión de un tribunal. Quizá debamos prestar mayor atención a la relación del tribunal y la justicia como problema, pues el tribunal se inscribe en las instituciones del poder estatal que controlan los cuerpos y legitiman el poder disciplinario (Foucault, 1997: 44-89).

2.1.La vida de Javiera ante el poder disciplinario del SENAME

Durante un rutinario examen físico para ingresar a la unidad de hospitalización psiquiátrica infantil, la enfermera de turno detectó que Javiera tenía múltiples secuelas derivadas de distintos episodios de maltrato y castigos físicos. Javiera se observaba angustiada y melancólica. Su rostro transmitía pavor y sufrimiento. La enfermera, aunque intentó examinarla silenciosamente, no logró evitar preguntarle directamente a la niña qué es lo que le había ocurrido. Sin pensarlo demasiado, Javiera exclamó que la funcionaria del SENAME:

Me agarró del brazo y yo andaba ansiosa y desajustada y me pegó así, combos [realizando el ademán de los golpes ejercidos en sus antebrazos]…ella me agarró fuerte y me pegó combos y aún me duelen…usted tiene que decirle al tío para que informen al tribunal, para que me protejan y me ayuden, porque después yo soy la que tengo que volver al CREAD y me da miedo, me da terror que me vuelvan a pegar… (Rauld, 2019: 73).

Permítasenos presentar a nuestra protagonista. En el año 2005 en Chile, Javiera fue institucionalizada en el régimen de protección del Servicio Nacional de Menores, a cargo del Programa Colocación Familiar por inhabilidad parental de sus progenitores, según consta en la resolución jurídica del Juzgado de Familia de Santiago. Posteriormente, el 2007 fue trasladada al Hogar de Vida Familiar de la Fundación San José. Un año después, fue derivada al Hogar de Niñas Inés Riesco, hasta el cierre de la institución a mediados de 2012. Mientras estuvo institucionalizada, fue atendida por un programa de reparación de maltrato en calidad de víctima de abuso sexual. Luego de un año, egresó presuntamente de forma favorable respecto del proceso de intervención psicosocial que experimentó. El año 2013, tras haber sido atendida en el proyecto sobre el trauma sexual, ingresó a un proyecto ambulatorio de diagnóstico parental para evaluar las competencias de sus familiares, con el objeto de visualizar la existencia de un adulto idóneo dispuesto a asumir su cuidado. Sin resultados favorables, Javiera fue ingresada al CREAD Galvarino a la edad de 12 años. Desde dicha institución estatal, fue reingresada a la oferta de programas de reparación de maltrato como víctima de agresión sexual, maltrato físico, maltrato psicológico y negligencia parental grave. Las razones anteriores, permitieron que el poder judicial, la obligara a desarrollar un traumático proceso psicoterapéutico por cinco años más, sin perjuicio de haber sido sometida previamente dos años a una terapia de la que nunca quiso participar.

El año 2017, nuevamente fue ingresada por orden del tribunal a la residencia proteccional de niñas Padre Don Orione, donde estuvo solo dos semanas, hasta ser expulsada por la directora y religiosa superiora, ya que Javiera experimentó un severo episodio de descontrol de impulsos. El tribunal derivó de inmediato a la niña al CREAD Pudahuel, luego de que la institución católica alegara no contar con el personal adecuado para atender a Javiera. Desde el año 2014, Javiera ha sido paciente regular de la unidad de corta estadía psiquiátrica de un hospital pediátrico. Ha sido hospitalizada en reiteradas ocasiones por episodios de agitación psicomotora que incluyen auto y heteroagresión a sus pares, así como a profesionales de la institución. El psiquiatra a cargo, la diagnosticó con un trastorno de descontrol de impulsos, discapacidad cognitiva moderada y epilepsia frontal. Durante el mes de junio de 2017, ante una nueva agitación psicomotora, los funcionarios del CREAD Pudahuel solicitaron a la policía que la mantuviera esposada dentro del mismo régimen que prometió protegerla. Tras este episodio, volvió a ser trasladada a la unidad psiquiátrica del mismo hospital, para mantenerla vigilada y controlada por la policía.

En la medida en que el poder disciplinario es estricto, los mecanismos criticados por Foucault se hacen cada vez más visibles. Al igual que en Vigilar y castigar, Javiera debe someterse a cumplir con la rutina de la institucionalización. Su vida se encuentra apresada hasta en sus más ínfimos detalles por los mecanismos del poder. Así pues, Javiera debe cumplir a diario con la rutina que trabajadores sociales, abogados, psicólogos y educadores han definido para ella, con el propósito que al cumplir la mayoría de edad se inserte exitosamente en los aparatos productivos del mercado. En este sentido, afirmamos que Javiera se convertirá en fuerza útil cuando sea al mismo tiempo “cuerpo productivo y cuerpo sometido” (Foucault, 2012: 35). He aquí, el sueño del dictador Augusto Pinochet y de su Ministra de Justicia Mónica Madariaga, quienes, en marzo de 1978, mediante un decreto supremo de ley aprobaron el plan nacional para menores de edad, otorgándole una alta prioridad a la gestión pública en esta materia “por considerar ese sector uno de los más abandonados al mismo tiempo que más estratégico para el desarrollo nacional” (Rauld, 2019: 75).

Si bien la vida de un niño o de una niña depende del poder disciplinario para su desarrollo, es un hecho histórico que la racionalidad de control de la población infantil, ha incluido siempre prácticas de maltrato físico, psicológico, médico y psiquiátrico. Gilles Deleuze señala que la institución es por antonomasia, un espacio en el que surgen con claridad las relaciones de saber-poder. En sus palabras, instituciones como cárceles, escuelas, hospitales, asilos o manicomios son “el lugar de encuentro entre estratos y estrategias, donde archivo de saber y diagrama de poder se mezclan e interpenetran, sin confundirse” (Deleuze, 2013: 18). A nuestro juicio, los efectos del poder denunciados por Foucault respecto de las prisiones se sustentan en la misma racionalidad que los CREAD del SENAME. La privación de libertad infantil, o la vida institucionalizada –sea o no por razones de protección– supone la captura de la vida misma, pues en el poder disciplinario no solo los condenados pueden ser “tratados como niños, sino que los niños son tratados como prisioneros. Los niños sufren una infantilización que no es la suya” (Foucault, 1997: 35).

2.2.Las modalidades de dominación del cuerpo

Desde la dictadura militar las políticas de control gubernamental de la población infantil se han diversificado y extendido bajo una fuerte vigilancia. Como insistentemente afirma Foucault, vivimos una época de férrea vigilancia del cuerpo, sobre todo en el ámbito infantil. Las tecnologías panópticas están multiplicadas y expandidas por todo el cuerpo social. Las tecnologías de control del cuerpo del infante han cambiado, haciéndose más profundas por medio de la profesionalización del poder disciplinario. En el caso de Javiera, el poder se manifestó bajo fuertes tecnopolíticas de gobierno: de las tecnologías de los programas ambulatorios a la institucionalización, de la tecnología hospitalaria, a las tecnologías del poder psiquiátrico y farmacológico. En cualquier caso, se trata de modalidades distintas de encierro del cuerpo. He aquí, una notable similitud entre el sometimiento infantil de Javiera y la crítica literaria expuesta en Impuesto a la carne de Diamela Eltit. En ella, la querella de la intervención disciplinaria, gobierna el cuerpo precario de una hija atada al cuerpo de su madre. Permítasenos hacer referencia tan solo a un breve párrafo en el que Eltit nos describe lo siguiente:

Desde que nacimos mi madre y yo fuimos maltratadas por los médicos y sus fans. El aislamiento se instaló como la condición más común o más normal en nuestras vidas. Recuerdo, con una obsesión destructiva, en cuanto nos sentimos despreciadas y relegadas cuando se desencadenó una impresionante manía hospitalaria fundada en la pasión por acatar los síntomas más oprobiosos de las enfermedades. La costumbre de ensalzar y hasta glorificar las enfermedades (como parte de una tarea científica) marcó el clímax de la medicina y coincidió con nuestro precario nacimiento. De inmediato la nación o la patria o el país se pusieron en contra de nosotras. En contra de nosotras, ¿hace cuánto?, ¿unos doscientos años? Sí, ya han pasado, quizás, ¿doscientos años? Sí, doscientos años que estamos solas tú y yo, me dijo mi mamá. Lo repitió cada día. Solas tú y yo (Eltit, 2010: 10).

En la actualidad, la sociedad panóptica tiene una férrea vigencia. Sus efectos de vigilancia están inscritos en el espesor de los cuerpos infantiles. Por ello, no es casual que Eltit en Impuesto a la carne vuelque su preocupación literaria a los dos últimos siglos de nuestra historia. Ahora bien, no pretendemos ignorar la función que posee el sistema judicial en la desprotección infantil. Nuestro interés no radica en responsabilizar exclusivamente al dispositivo tutelar del SENAME, pues dicha institución no es la única política de la infancia en Chile, pero sí la más representativa. Nos interesa explicitar la dimensión biopolítica del derecho en el gobierno de la población infantil y cómo los efectos discursivos del poder circulan y penetran los cuerpos al producir una verdad jurídica.

2.3.La dimensión biopolítica del derecho

La CDN es la referencia filosófica y jurídica de mayor legitimidad en el mundo del derecho internacional contemporáneo, por lo que ella ha creado una verdad jurídica en torno al niño como sujeto jurídico. La CDN no solo ha proclamado la consagración de los derechos individuales de los niños; al mismo tiempo ha favorecido las condiciones de su privación de libertad en nombre de la seguridad de la población. En otras palabras, el sistema que promulga defender sus libertades individuales, es el que determina sus condiciones de sometimiento y encierro. Advertimos que, frente a la amenaza de los hombres, de la seguridad nacional, de la población o de los gobiernos, el derecho aparece como una forma de dominación biopolítica. El derecho deviene tribunal y entonces se judicializa el conflicto. En este sentido, en nombre de la defensa del niño aparece todo un poder disciplinario en el que proliferan psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, profesores y abogados. En otras palabras, bajo la férrea defensa del bienestar superior, se recurre a reales funcionarios de defensa del cuerpo del niño. Se trata aquí de defender al niño de la sociedad. En términos biopolíticos, el SENAME es una herencia de la dictadura que remite a prácticas tutelares de control y seguridad de la población. Ya sea en la internación proteccional de niños vulnerados en sus derechos, o bien, en la condena punitiva de infantes que transgredieron la ley, el dispositivo adoptará la misma estrategia política de control gubernamental: el encierro jurídico de la población. Así pues, el tribunal administrará con su verdad jurídica la vida de un niño, la legalizará, la confinará o la llevará hacia la muerte. Pura biopolítica de la población.

2.4.Críticas al SENAME

Es necesario legitimar las críticas que se han esgrimido en contra del SENAME, pues las sistemáticas muertes y violaciones a los derechos humanos de la infancia provienen del Estado y de sus aparatos de gobierno. Lo paradójico del poder es que la dominación de la infancia ha quedado al desnudo por parte de los mismos profesionales que se desempeñan en las instituciones disciplinarias. Las denuncias de maltratos físicos, torturas, maltratos psicológicos, masivas fugas de niños, funcionarios involucrados en delitos de explotación sexual infantil, así como abusivas prácticas de medicalización de psicofármacos, permiten cuestionar el gobierno de la población infantil en los regímenes proteccionales y privativos de libertad. En el Informe de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales del año 2017 se objetivaron las deudas que el Estado mantiene con la infancia a nivel legislativo y en lo que se refiere a la implementación de políticas que cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos suscritos por Chile (Universidad Diego Portales, 2017: 221).

En la actualidad, la discusión sobre la desprotección de la infancia en medios de prensa se ha reducido a un diálogo entre especialistas jurídicos y clínicos, por lo que el problema se aborda solo desde una dimensión técnica, es decir, se analiza el fenómeno desde la categoría jurídica de vulneración de derechos o en términos clínicos. Se trata, en suma, de una reducción analítica del poder disciplinario que deja entrever la perfecta funcionalidad entre las ciencias jurídicas y las ciencias médicas y terapéuticas. Así funciona la matriz epistemológica-jurídica prevista por Foucault en Vigilar y castigar, pues aquí se hace visible la intersección de las tecnologías del poder “en el principio tanto de la humanización de la penalidad como del conocimiento del hombre” (Foucault, 2012: 33).

Nos interesa destacar que, desde el momento en que un niño es ingresado a un dispositivo por el poder judicial, con la promesa moderna de restituir sus derechos vulnerados o resignificar sus experiencias traumáticas, lo que se produce es la revictimización de su subjetividad mediante prácticas criminológicas, clínicas o institucionales, al mismo tiempo que esa intervención psicosocial, lo convierte en objeto de gobierno y obediencia. Más que niños o niñas a proteger, un sujeto a someter y gobernar. Los niños del bajo pueblo son un objeto de la biopolítica (Rauld, 2019: 79).

Ahora bien, quisiéramos dedicar un breve apartado a la dimensión de la muerte en la biopolítica de Foucault, pues nuestro autor no esclareció adecuadamente este problema. La relación de la biopolítica con la muerte sigue siendo un problema enigmático, oculto y ambiguo en el desarrollo de su obra. Por ello, queremos pensar el problema de la muerte en el campo de la desprotección infantil, al arriesgar la siguiente hipótesis de trabajo: la racionalidad tras la ortopedia sociomoral que opera en los procesos de confinamiento de los sujetos para corregir sus conductas se ha hecho carne en el gobierno de la infancia. Su expresión más brutal fue la creación de la institucionalidad en tiempos dictatoriales, bajo la promesa gubernamental de que se la incluiría en los procesos económicos del capitalismo. Transcurridos 40 años desde su conformación histórica, los niños institucionalizados en el SENAME no solo no han sido integrados a los procesos productivos y en la escolarización formal, sino también han sido rechazados en cuanto ciudadanía biológica.

El deseo dictatorial de integrar la infancia del bajo pueblo al capitalismo fracasó. La confinación y exclusión de los infantes es un rechazo hacia la muerte, porque la gubernamentalidad de las poblaciones genera desigualdades. Los infantes del bajo pueblo constituyen una población cualitativamente desigual respecto de la vida de la población general. La idea de una biodesigualdad es interesante en el análisis biopolítico, porque a diferencia del positivo poder sobre la vida, el principio filosófico no está centrado en el “hacer vivir”, sino que estrictamente en el “dejar morir”. A nuestro juicio, la dimensión de la muerte de la biopolítica infantil del bajo pueblo no se expresa en la muerte física o necropolítica, sino en la notable posibilidad de hacer morir en vida. Ante la ausencia de un proyecto que potencie el gobierno de la vida como seres vivientes, la muerte en vida de un niño reside en la pasividad con la que el gobierno lo expone al arbitrio histórico de la contingencia y al azar de los acontecimientos.

Podríamos caracterizar el problema de la muerte de la siguiente manera: “Con la dictadura nos mataban, ahora nos dejan morir” (Valverde, 2015: 15). El hacer morir en vida a un niño o a una población de infantes, sin duda tiene que ver con la noción de biodesigualdad. Esta conceptualización es relevante, porque una forma de hacer morir un cuerpo es dejarlo a su suerte. He aquí, una nueva elevatio contemporánea. Una vieja práctica del antiguo pater familias, que se deja apreciar en la medida en que el gobierno es el soberano. Es un hecho que el problema de la desigualdad no fue nunca una preocupación para Foucault (Fassin, 2012: 39). Sin embargo, la gubernamentalidad otorga un trato diferente a las poblaciones, distinguiéndolas en virtud de su legitimidad. La deriva de esta idea es lo que Fassin ha llamado biolegitimidad. En el caso de Javiera, la postergación y la violencia con la que le se le ha tratado, nos remite a un cuerpo que, resultado de la biopolítica de la población y del poder disciplinario, cada día que pasa está más muerta que viva. Este aspecto debe ser explicado, pues hemos insistido en explicitar que en el análisis de Foucault lo que prima es el carácter de la racionalidad del poder y no la lógica de los agentes de gobierno, que por medio de su deliberación acaban física o vitalmente con el niño.

A partir de una lectura biopolítica de la infancia, hemos situado el pensamiento foucaultiano como un referente primordial para analizar los efectos del poder sobre la infancia contemporánea. El itinerario filosófico que hemos ofrecido nos ha distanciado de las exégesis conspirativas que han atribuido a Foucault, oscuras exploraciones de agentes que detentan el poder. Para Foucault, no se trata ni de ideología ni de manipulación, sino de observar “las co-implicancias entre la configuración de ciertos regímenes y formaciones discursivas, sus efectos de verdad, sus prácticas, sus operaciones y juegos de fuerzas” (Arancibia, 2005: 22). Las consecuencias de la desprotección infantil se sitúan en una estricta analítica del poder. La relevancia de nuestro análisis filosófico es que el enfoque no está centrado en los efectos científicos de la desprotección o la institucionalización, ni de los daños clínicos (psiquiátricos, neurobiológicos, psicológicos o patógenos), sino en lo que las prácticas clínicas representan. En la sociedad actual, la medicalización del poder psiquiátrico y clínico de las terapias comportamentales, remiten a una renovación de las tecnologías de poder sobre la vida de las cuales es necesario tomar distancia crítica. En efecto, hoy más que nunca el poder sobre la infancia está parasitado por un pensamiento médico, que remite a la renovación del poder disciplinario de las instituciones que gobiernan la infancia

Nuestro trabajo ha subrayado la dominación del poder sobre la infancia en dos sentidos: primero, como biopolítica de la población, es decir, como un poder sobre la población infantil del bajo pueblo, en el que, en los dos últimos siglos, la institucionalización y el encierro se han configurado como estrategias de control de gobierno. Ante la amenaza de la desprotección de la vida infantil, el poder actual está llamado a poner en práctica el “hacer vivir” de la fórmula biopolítica. En segundo y último término, hemos enfatizado la dominación a través del poder disciplinario de las ciencias que gobiernan el cuerpo del niño, en el que la microfísica del poder adquiere real importancia sobre la vida de niños, niñas y jóvenes.

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